Tres deficiencias en el último control en un puerto europeo

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El Prestige pasó su última inspección en un puerto europeo el uno de septiembre de 1999. Sin embargo, el resultado no fue demasiado alentador: las autoridades de Rotterdam detectaron tres deficiencias, de acuerdo a las normas del París Mou, un convenio suscrito por 19 países europeos y del Atlántico Norte para tratar de garantizar que los barcos que entran en sus puertos cumplen las normas internacionales de seguridad y medio ambiente.

Pero la existencia de irregularidades en los barcos con bandera de conveniencia no es ninguna excepción. La Federación Internacional del Transporte calcula que más de 20.000 buques que transportan mercancías peligrosas (petróleo, gas, productos químicos), es decir, el 45% del total, navegan bajo estos registros especiales, que casi siempre ignoran las medidas de seguridad y laborales. Además, suelen dar cobertura a naves de más de 20 años.

Los organismos internacionales han intentado poner freno a estas prácticas, muy rentables para los armadores por el menor coste, elaborando una lista negra de barcos.

La avería del casco se debió «a una vía de agua por fatiga»

Fuentes del equipo que lleva la investigación del naufragio del petrolero Prestige señalaron ayer a Efe que el casco de la embarcación sufrió una «vía de agua por fatiga». La antigüedad del buque, de 26 años de edad, o el mal mantenimiento podrían ser las causas de la avería según estas fuentes.

Lo cierto es que ayer fue imposible recabar las opiniones de los tripulantes respecto a las causas que provocaron la vía de agua. El capitán, de hecho, permaneció a bordo del buque durante todo el día junto al primer oficial y el jefe de máquinas. En principio, se suponía que su presencia en el barco tenía como fin colaborar con las tareas de rescate y remolque, pero el paso de las horas demostró que su intención era frenar las maniobras debido, al parecer, a que son muy costosas.

Fuentes de Marina Mercante señalaron que la negociación con el capitán fue muy tensa y se barajó incluso enviar una patrullera de la Guardia Civil para desalojarlos. Paradójicamente, España tiene capacidad jurídica para actuar en casos de daño medioambiental.