Las ONG aplauden propuesta de la CE para incrementar control y transparencia de la flota pesquera de la UE que opera en todo el mundo
La Comisión Europea propone hoy un reglamento actualizado que afecta a más de 15.000 buques pesqueros de la UE que operan fuera del territorio comunitario, en sintonía con la nueva Política Pesquera Común (PPC) y la legislación de lucha contra la pesca ilegal actualmente en vigor.
Las organizaciones no gubernamentales Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF han acogido muy favorablemente una propuesta publicada hoy por la Comisión Europea que permitiría cerrar vacíos legales en el reglamento que rige las operaciones de la flota pesquera de larga distancia de la UE.
“La propuesta de la Comisión Europea refuerza el compromiso de la UE de combatir la pesca ilegal en el ámbito internacional,” afirma María José Cornax, Directora de pesca de Oceana en Europa. “Felicitamos a la Comisión por la iniciativa de crear un registro público de transparencia que acabe de una vez por todas con años de secretismo sobre las actividades de la flota fuera de las aguas de la UE, así como por la decisión de incluir en él los acuerdos que las empresas firman con Estados costeros, principalmente países en desarrollo (acuerdos privados y de fletamiento). Toda la flota de larga distancia europea debería ser transparente y sostenible y rendir cuentas de sus operaciones, incluyendo los buques que pescan con arreglo a acuerdos privados”.
La medida constituye una revisión del Reglamento de 2008 relativo a la Autorización de las actividades pesqueras de la UE, que determina las normas por las que deben regirse las flotas pesqueras de la UE que operan por todos los océanos del planeta. Si la propuesta se aprueba, pondría el Reglamento de autorización de actividades pesqueras en sintonía con la rigurosa legislación que la Unión Europea introdujo en 2010[1] para poner freno a la pesca ilegal, así como con las disposiciones legales relativas a las pesquerías exteriores de la UE que figuran en la nueva Política Pesquera Común. La propuesta exige por primera vez que los buques se incluyan en una base de datos o registro público y se adhieran a la legislación y las normas de gestión pesquera de la UE en el caso de acuerdos privados y de fletamiento.
Uno de los problemas abordados en la propuesta es el cambio de pabellón o ‘reabanderamiento’. Existen pruebas de operadores de la UE cambiando rápida y repetidamente el pabellón del buque por uno de Estados extracomunitarios que, en algunos casos, no combatían la pesca ilegal. Dichos operadores podían entonces volver a cambiar el pabellón del buque por uno de la UE y beneficiarse de los acuerdos de acceso y las subvenciones. La Comisión Europea está intentando evitar que los buques participen en este tipo de actividades y conseguir que los números de identificación de la Organización Marítima Internacional (OMI) sean obligatorios cuando los buques faenen fuera de las aguas de la UE.
Más de 15.000 buques operan en virtud del Reglamento de autorización de actividades pesqueras para pescar en aguas no comunitarias, y lo hacen a través de varios acuerdos, entre los que figuran tanto acuerdos entre la UE y terceros países como acuerdos privados y de fletamiento que las empresas privadas o los ciudadanos de la UE celebran directamente con autoridades o empresas de países costeros extracomunitarios.
La información sobre la cifra total de buques que pescan en virtud del Reglamento de autorización de actividades pesqueras, así como sus nombres y el momento y el lugar en los que llevan a cabo sus operaciones, nunca había sido divulgada públicamente hasta que, recientemente, las organizaciones EJF, Oceana y WWF lanzaron www.whofishesfar.org.
En palabras de Mireille Thom, especialista en políticas marinas del Programa Internacional de Pesca de la organización WWF del Reino Unido: “La UE ya ha hecho gala de su determinación de detener el comercio de productos ilegales de la pesca con destino a la Unión Europea. Para mantener la credibilidad, deberá realizarse ahora un esfuerzo parecido para garantizar la existencia de medidas estrictas que cierren los vacíos legales de los que adolece el actual Reglamento relativo a la autorización de las actividades pesqueras de la UE con el fin de evitar que los operadores de la UE participen en actividades ilegales fuera de las aguas comunitarias”.