La reconversión pesquera

Varias son las sensaciones que produce la situación. De una parte, el sector pesquero se siente utilizado como arma arrojadiza por los distintos estamentos públicos y por los partidos políticos, sin que se vislumbre una solución a los problemas del momento. De otra parte, a la luz del comportamiento de la Comisión Europea (CE), se aprecia una inclinación aplastante hacia los intereses de los países del norte europeo en detrimento de los del sur. Asimismo, el sector pesquero es consciente de la tentación europea de reducir las flotas de altura y gran altura que operan en caladeros y zonas alejadas, que requieren para su estabilidad de acuerdos pesqueros internacionales y que algunos países consideran muy onerosos.

Las inconcretas propuestas de la reubicación formuladas por la Administración española han provocado enfrentamientos entre flotas y entre zonas, toda vez que resulta muy difícil ajustar las actuales capacidades de producción a los recursos disponibles. Del mismo modo, también se ha alimentado la incertidumbre al comprobar la dificultad para la financiación de la reconversión pesquera, ya que las necesarias ayudas comunitarias son cuestionadas como reflejan las manifestaciones de los responsables de la CE.

Así las cosas, no es de extrañar el nerviosismo que planea en los muelles. Si la CE no quiere desembolsar más dinero que el correspondiente a lo que suponía el acuerdo pesquero con Marruecos, significa que la UE apuesta defini-tivamente por la supresión de esta actividad productiva y comercial, dejando el camino abierto a mayor dependencia de las especies y productos foráneos, y por un mayor sometimiento a los actores vinculados con la comercialización y distribución que podrán oscilar los precios de los productos a su voluntad.

Las consecuencias de esta apuesta se manifestarán en el abandono progresivo, y en algunos casos de forma radical, de los empleos y la actividad productiva que fue en su día soporte de economías locales; pudiendo llegar a producirse un despoblamiento de ciertas áreas ribereñas. Ante este juego de fuerzas entre los defensores de la pesca extractiva y los que desean que prevalezca la pesca comercial, la discusión sobre la política común de pesca que ha incentivado la Comisión Europea queda fuera de lugar.

Si la Administración española se quiere desligar de sus responsabilidades, si los partidos sólo quieren utilizar los problemas del sector como presión contra sus oponentes, y el sector pesquero espera a que le arreglen el panorama, está claro que la actividad productiva se encuentra en una encrucijada.

Las nuevas propuestas reflejan, en consecuencia, la eliminación de la flota más que una reubicación de la misma; las nuevas ideas suponen, en suma, un ahorro para el presupuesto comunitario, con lo que algunos países se sentirán satisfechos; y las nuevas soluciones, en vez de mitigar el problema social, van a incentivar y alentar el desempleo en las zonas dependientes de la pesca. Al final tendrá razón aquel que dijo: "La pesca no será un infierno para las especies, sino que se convertirá en un infierno para los pescadores"