La Fiscalía no recurrirá el auto del ‘Prestige’ como reclamó Greenpeace

La organización ecologista Greenpeace solicitó que la Fiscalía General recurriese el auto del Prestige, en el que la jueza de Corcubión le retiró la imputación al ex director de la Marina Mercante, José Luis López-Sors y justificó la decisión de alejar el barco de la costa, con lo que Fomento quedó exculpado. Sin embargo, el Ministerio Fiscal no impugnará la decisión de la jueza. La Fiscalía General del Estado no tiene previsto actuar y el fiscal competente del caso en Galicia solo se pronunciará “a través del escrito de acusación”.

Fuentes de la Fiscalía General aseguraron ayer a este diario que “la petición de una asociación –por Greenpece– no hace que se modifique nada”. “Hay un fiscal competente en A Coruña que está personado en el caso, y se hará lo que él estime”, aseguran.

La fiscalía de A Coruña, por su parte, no actuará ni dirá nada al respecto “hasta que formule el escrito de acusación”, una fase que podría durar más de un mes, mientras que el plazo para presentar un recurso de reforma al auto es de tan solo tres días, y de cinco días si se trata de un recurso de apelación. De esto se desprende que no tiene previsto impugnar la decisión de la jueza.

España llega “limpia” a EEUU

El auto dictado por la jueza de Corcubión hace que el Gobierno estatal pueda presentarse hoy libre de culpa en la vista oral que se celebrará en Estados Unidos. Después de que le hayan retirado la imputación, el Ejecutivo se personará en la vista tras haber recurrido la resolución del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, que declaraba incompetente a la jurisdicción estadounidense para llevar el caso.
El Gobierno español puso una demanda contra ABS (American Bureau of Shipping), la empresa clasificatoria que le dio el visto bueno al Prestige y dijo que estaba en buenas condiciones para transportar petróleo. España pide una indemnización de más de mil millones de dólares por la defectuosa clasificación del buque.

Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, uno de los argumentos en los que se apoyaba ABS es el hecho de que España le reclamase responsabilidades cuando el propio Gobierno estaba imputado por la catástrofe. La empresa estadounidense defendía que la culpa de la marea negra estaba en la decisión errónea de alejar el barco. “Ahora, el Estado es acusador, pero no acusado, y eso purifica mucho su aituación. Está limpio y, según el auto, hizo lo que tenía que hacer, lo que le ayuda en este caso”, afirman las mismas fuentes.

La discrepancia entre las partes radica en el Convenio CLC, que se aplica para la responsabilidad civil en casos de contaminación por hidrocarburos, y que establece que las reclamaciones deben realizarse en los tribunales del estado donde se produjeron los daños. La sentencia recurrida en Nueva York entendía que las empresas clasificatorias como ABS entran dentro del convenio, por lo que la demanda debería llevarla la justicia española. España defiende lo contrario y espera que Estados Unidos se haga responsable del caso.

Decisión de abs

La empresa clasificatoria de barcos estadounidense ABS –American Bureau of Shipping–, que hoy se enfrenta a España en una vista oral en EEUU, le dio el visto bueno al ‘Prestige’ para que llevase una carga de petróleo antes de que se produjese la marea negra en las costas gallegas. Según fuentes jurídicas, la misma empresa, que cuanta con un sofisticado sistema informático de predicción, mandó desguazar dos barcos gemelos del ‘Prestige’, el ‘Alexandros’ y el ‘Centauros’, porque “tenían muchas posibilidades de partirse entre los mamparos 61 y 71” a finales de 2002. Ése fue el sitio exacto por el que el ‘Prestige’ se quebró. España esgrime este argumento, entre otros, para afirmar que ABS conocía el mal estado en el que se encontraba el buque.

Nunca Máis agotará el plazo para presentar su recurso

La plataforma Nunca Máis, creada para defender a los damnificados por la catástrofe del ‘Prestige’ y parte personada en la causa, mantiene su intención de recurrir la decisión de la jueza de Corcubión, aunque sus abogados aseguran que, debido a la complejidad del caso, apurarán los plazos para presentar la impugnación. El auto judicial de transformación a procedimiento abreviado se dictó el pasado viernes y, desde entonces, se dio un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma (que resuelve el mismo órgano que dictó la resolución) y de cinco días para un recurso de apelación (que resuelve un órgano superior). En este último caso, Nunca Máis tendrá que recurrir antes del viernes. A partir de ese momento, el Ministerio Fiscal y las representaciones de las acusaciones personadas tendrán que presentar sus escritos de acusación solicitando la apertura del juicio oral, una fase que pude prolongarse durante meses.

Tampoco presentarán recurso contra el auto –que defiende como mejor opción el haber alejado el barco– la mayoría de las acusaciones particulares de los afectados por la marea negra, aunque sí lo hará Nunca Máis, personada en el caso.

Greenpeace coincide con la plataforma gallega al considerar que alejar el petrolero “provocó la mayor catástrofe ambiental del país”. Los servicios jurídicos de la organización ecologista pretendían que la Fiscalía General del Estado pudiese “corregir este grave error”, que “crea un grave precedente ante futuros accidentes marítimos” puesto que “abre un espacio de impunidad frente a decisiones de la Administración”. A Greenpeace le resulta “inadmisible que los gestores públicos responsables de la mayor catástrofe ambiental de este país queden libres de cualquier tipo de responsabilidad”, una opinión que también comparte el Bloque Nacionalista Galego.