Greenpeace celebra la operación llevada a cabo por la Guardia Civil contra la empresa pesquera Vidal Armadores acusada de pesca ilegal en la Antártida

08 de marzo de 2016 .- Greenpeace ha expresado su satisfacción por el reciente operativo de la Guardia Civil en colaboración con la Interpol y que ha supuesto la detención de miembros de Vidal Armadores por delitos de pesca ilegal.

En enero de 2015 tres barcos con bandera de Guinea Ecuatorial -el Songhua, el Kunlun y el Yongding-, vinculados a Vidal Armadores, fueron perseguidos y acusados por Nueva Zelanda, por la pesca ilegal de merluza negra en aguas antárticas. Esta especie es conocida como “oro blanco” por el elevado precio que alcanza en el mercado y que mueve todo un mercado ilegal paralelo desde hace muchos años.

"La pesca ilegal es una de las grandes amenazas para nuestros océanos y a las comunidades pesqueras. Ésta es sin duda una gran noticia en la lucha contra estas prácticas y esperamos que sea el golpe definitivo contra Vidal Armadores y todo su entramado", ha declarado Elvira Jiménez, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace España

Greenpeace lleva años investigando y exponiendo las conexiones de Vidal Armadores con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Desde 1999 los barcos de Vidal Armadores han sido detenidos en al menos once ocasiones, han recibido siete condenas (una de ellas de cárcel para uno de los propios miembros de la familia Vidal), tres de sus barcos han sido confiscados y han sido multados por valor de más de 3 millones de euros. A pesar de que Greenpeace lleva años dando a conocer todos estos datos, la empresa ha recibido cerca de 16 millones de euros en subvenciones pesqueras desde 2002 a 2009 por parte de las administraciones españolas. En 2009 Greenpeace presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional y demandó al Gobierno español que actuara de forma contundente.

Este es el segundo registro de esta empresa en menos de un año. En junio de 2015 la Secretaría General de Pesca llevó a cabo otra operación por el mismo caso de pesca ilegal en la Antártida y que se saldó con una multa de 17,84 millones de euros y penas de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.