España, a la cola de Europa en gestión pesquera

Greenpeace ha analizado la implementación de la Política Pesquera Común (PPC) por los países europeos y su evaluaciónmuestra la mala aplicación que están haciendo de ella. A año y medio de la aprobación de esta Regulación Europea para la pesca, su implementación por parte de los países europeos es muy deficiente, lo que demuestra la escasa voluntad política para luchar contra la destrucción de los océanos.

En diciembre de 2013 los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo adoptaron un nuevo conjunto de normas para regular las actividades de pesca la Política Pesquera Común. Esta nueva normativa era una opción al cambio en la gestión pesquera realizada anteriormente y que ha derivado en una sobreexplotación de los recursos pesqueros, en impactos ambientales significativos, en una capacidad de pesca excesiva y por tanto en un bajo rendimiento económico del sector. Desde enero de 2014, los países europeos tenían que cumplir la nueva PPC.

"La Política Pesquera Común ha estado en vigor durante casi un año y medio. A pesar de ser una Regulación que puede convertir los océanos y la pesca en más sostenibles, está fallando. Su éxito depende de la voluntad política de los gobiernos nacionales para aplicar estas normas y ésta es inexistente", ha declarado Celia Ojeda, responsable de océanos de Greenpeace.

En el ranking se observa que España tiene una deficiente implementación en la nueva manera que establece la PPC para otorgar las cuotas o el acceso a las oportunidades de pesca. En 2015, el Gobierno se ha excedido en 14.692 toneladas, dando cuotas por encima de los niveles científicos recomendados, es decir, el 6% de la cuota global de España, alimentando la sobrepesca de poblaciones de aguas profundas por 1.405 toneladas y otras poblaciones del Atlántico por 13.287 toneladas. Además España no ha utilizado criterios sociales, económicos o ambientales en el caso de las cuotas para el Atlántico y en el Mediterráneo donde no hay cuotas España debería revisar la gestión del esfuerzo pesquero.

A pesar de que el informe sobre capacidad presentado por España no es público (lo que evidencia la falta de transparencia y que no existe un plan para eliminar la sobrecapacidad pesquera) la evaluación del Comité de expertos de la Comisión Europea considera que la calidad y la estructura del informe de España es buena. Sin embargo, Greenpeace solo ha recibido un acceso parcial al informe y, por tanto, no puede juzgar su calidad.

Del resto de los países de la UE, todos suspenden a la hora de aplicar el nuevo modelo para otorgar las cuotas, menos Reino Unido, que ha generado una base de datos pública. Sin embargo países como Dinamarca, Holanda y Eslovenia, van a la cabeza de la evaluación de la sobrecapacidad pesquera.

"Hay una falta de acción sobre el desarrollo y la aplicación de criterios ambientales, sociales y económicos para dar las cuotas. La mayoría de los países europeos todavía no ha cambiado su sistema de asignación de cuotas que debería dar acceso preferente a los pescadores que utilizan métodos de pesca de bajo impacto y contribuyen más a las economías locales", añade Ojeda.