Oceana denuncia que las costas de Canarias constituyen "el mayor núcleo de la pesca ilegal del Atlántico"
10 junio 2009 08:10:19
La Fundación Oceana denunció, coincidiendo con la celebración del 'Día Mundial de los Océanos', que las costas de Las Palmas de Gran Canarias constituyen el "mayor centro de pesca ilegal del océano Atlántico", lo que pone en peligro la supervivencia de diversas especies y podría degenerar en una catástrofe ecológica "sin precedentes", por lo que denuncia que la "pasividad" del Gobierno y de las autoridades europeas, al no cerrar el puerto, es "inexcusable".
En este sentido, la organización explica que la práctica ilegal, no declarada ni regulada es una de las amenazas "más graves" que planea sobre el futuro de la pesca mundial. Para sus miembros, estas capturas representan un porcentaje "muy significativo" de la pesca total, que genera unos ingresos en los países desarrollados de más de 10.000 millones de euros, según recoge el rotativo británico, 'The Guardian'.
Asimismo, critica que compañías chinas, europeas y latinoamericanas "sin escrúpulos" operan de forma ilegal en áreas marinas donde se prohíbe la pesca, no declaran sus capturas y utilizan botes aparentemente legales que han imposible su identificación. La situación es "especialmente grave" en las aguas africanas, donde la pesca pirata representa actualmente el 30 por ciento de las capturas de los pescadores locales.
Igualmente, señala que, mientras que los países ricos cuentan con efectivos que patrullan sus mares, los más pobres "quedan desamparados". Así, en Angola, estos piratas roban los barcos de las autoridades pesqueras con frecuencia y dos policías permanecen desaparecidos después de haber subido a inspeccionar un barco pirata, por lo que se teme por su vida.
Finalmente, exige que se constituya una base de datos global y que los buques pesqueros lleven observadores internacionales a bordo. Además, pide que se incremente de "forma notable" el número de patrullas y dispositivos especiales por mar y por aire. No obstante, reconoce que la puesta en marcha de estas medidas supondría un desembolso de "cientos de millones de euros" y que la mayor parte de los países afectados "no pueden hacer frente a semejante gasto".