I JORNADA SOBRE LA CATASTROFE DEL PETROLERO PRESTIGE

1.- El accidente del PRESTIGE tiene como causa próxima una vía de agua de origen aún desconocido.

2.- El accidente deviene en catástrofe ecológica, económica y social por un conjunto de carencias estructurales y una serie de decisiones precipitadas y desafortunadas. La flota española de remolcadores de salvamento, salvo excepciones, no cumple los requisitos exigibles de potencia, maniobrabilidad y eficiencia técnica. Algunos remolcadores recogen la mayor parte de la tripulación inmediatamente después de ser llamados para intervenir, con lo que se pierde tiempo y eficacia en la actuación. Es urgente que se adopten medidas para que las zonas: Cantábrico, Galicia, Estrecho, Baleares, Canarias, cuenten con unidades con una potencia no inferior a 150 Tn de tiro. (1) (Véase remolcador tipo propuesto por la Asociación Española de la Marina Civil) Los contratos de los remolcadores y embarcaciones de salvamento deben ser revisados y actualizados con el fin de garantizar el carácter exclusivamente público de los servicios, con exclusión expresa de que se establezcan negocios en paralelo y reparto aleatorio de premios. Se debe precisar las características de potencia actualizada y maniobrabilidad, tripulación mínima permanente y formación y experiencia mínima de sus componentes, víveres a bordo en el momento de hacerse a la mar, características de los trenes de remolque, renovación de materiales y cabos, tiempos de respuesta, registro escrito de todas las órdenes y operaciones, régimen de reparaciones y sustituciones, cuadros de tarifas, publicación semestral de una memoria, incluidas liquidaciones en curso de las operaciones realizadas y resultados obtenidos, cuadro de penalizaciones por incumplimientos, retrasos etc. Los sistemas y equipos de lucha contra la contaminación deben ser actualizados y ampliados hasta cubrir las necesidades mínimas de toda la costa española. Se debe establecer un sistema de mantenimiento de los equipos depositados sobre los muelles. Cada zona debe contar con depósitos o parques de materiales aptos para recibir los productos recuperados del mar o de la costa.

3.- La documentación disponible hace presumir que las actuaciones de los servicios de salvamento, remolque y lucha contra la contaminación, dependientes de SASEMAR, resultaron lentas, escasamente planificadas y estuvieron condicionadas por los negocios de empresas privadas que utilizaron los servicios públicos de salvamento.

4.- La resistencia, cuando no negativa, y retraso a reconocer los efectos que tuvieron las decisiones adoptadas sobre el barco y especialmente sobre el derrame de carga, retrasaron la respuesta y causaron mayores daños sobre el ecosistema . La movilización de las unidades aéreas se realizó sin atenerse a un plan operativo preestablecido y debidamente de un sistema de frecuencias de comunicaciones.

5.- El rechazo a cualquier solución basada en el abrigo de la costa o la conducción del petrolero a un puerto para evitar o minimizar los efectos del derrame de la carga, evidencian una actuación como mínimo premeditada y precipitada. Alejar el barco de la costa fue un error grave.

6.- La resistencia cuando no negativa a reconocer los daños causados por la rotura del casco y posteriormente por el hundimiento del mismo, junto con el grave error de considerar que el fuel se solidificaría en el fondo del océano, retrasaron y mermaron la capacidad de respuesta, y en consecuencia se tradujeron en mayores daños para las rías y costas afectadas por la marea negra.

7.- Quienes organizaron y dirigieron las operaciones de salvamento conocían perfectamente que tras la evacuación de la tripulación, -totalmente justificada- a bordo del Prestige no había marineros suficientes para ejecutar las tareas de conexión del sistema de remolque, sin embargo no ordenaron y dispusieron el embarque para tales fines de la tripulación de presa, prevista en el convenio colectivo aplicable al remolcador “Ría de Vigo”, que se llevaría una recompensa económica extraordinaria por el remolque, sino que conminaron al capitán Mangouras para que abandonase el puente de mando y se degradase para realizar trabajos de “mozo de cubierta”. A pesar de colaborar en dichas tareas, el capitán fue detenido por supuesta desobediencia.

8.- El actual sistema de inspecciones basado en la confianza que los Estados depositan en la Sociedades Clasificadora de buques no ofrece las garantías suficientes. Se debe establecer un sistema obligatorio de Inspección contradictoria, realizada por el Capitán, Jefe de Maquinas, y primeros oficiales de cubierta y máquinas así como Oficial Radiolelectrónico. Todas las inspecciones reglamentarias deben acompañarse de un documento gráfico (video, fotos, graficas) firmado por los responsables de la inspección. Dichos documentos deberán quedar registrados oficialmente y ser públicos. El Código penal deberá tipificar como delitos graves las certificaciones, manipulaciones, u omisiones que conduzcan a desvirtuar el estado real de los barcos, de los equipos, cargamentos, sistemas y tripulaciones a bordo de los mismos.

9.- El deterioro progresivo de los niveles de formación, titulación y condiciones de vida y trabajo que se registran en un elevado porcentaje de barcos abanderados en pabellones de tolerancia y segundos registros, debe ser considerado como un factor de alto riesgo, del que son directamente responsables, la OMI y las administraciones marítimas nacionales y supranacionales. Es inaplazable que se realice un control más riguroso y profesional sobre titulaciones, convalidaciones, planes de estudio y prácticas profesionales de la Marina Civil

10.- Los Convenios y demás instrumentos legales destinados a compensar los daños por contaminación marina producida por hidrocarburos y otras sustancias han de alcanzar al 100 % de los daños contrastados y debidamente evaluados.

11.- No deja de ser significativo que 5 meses después de del accidente, el Gobierno español no haya hechos públicos los resultados de la Comisión de investigación del accidente de Prestige. La versión oficial ha de ser conocida para que se adopten las medidas necesarias para evitar que se repitan este tipo de accidentes.

12.- Las medidas adoptadas y anunciadas por parte del Gobierno para evitar este tipo de accidentes, son meros apósitos coyunturales o simples fórmulas de impacto oportunista para esconder su incapacidad o falta de voluntad en la aplicación de una política menos condescendiente con las grandes refinerías y las banderas de conveniencia. Como constatación de esa incapacidad o falta de sensibilidad para resolver la situación de degradación progresiva que vive la Marina Civil, el gobierno del Partido Popular ha procedido a poner en manos de sociedades privadas las inspecciones de buques y a dar prioridad a los ingenieros navales para ocupar los cargos de Capitanes Marítimos. Desde la llegada al poder de este partido, se han ido sustituyendo al frente de las Capitanías marítimas a los capitanes de la Marina Civil por Ingenieros Navales. El señor López Sors y su antecesor, ambos Directores Generales de la Marina Mercante, también son Ingenieros Navales.

13.- Cualquier propuesta destinada a alterar el actual dispositivo de tráfico de Finisterre ha de venir precedida de un análisis rigurosos de cómo se vería afectados los la consideración jurídica de las aguas del dispositivo y las zonas de entrada y salida al mismo, la ordenación de los flujos de tráfico y el tráfico de cabotaje, las comunicaciones, el control de tráfico, las operaciones de salvamento y rescate, la lucha contra la contaminación, y cualquier intervención en dicho dispositivo.

14.- Las medidas técnicas propuestas hasta ahora para hacer frente a la amenaza que supone el pecio lactante del PRESTIGE, ni ofrecen garantías de solución definitiva ni son sostenibles económicamente por mucho tiempo.

15.- Este Gobierno o cualquier otro que le sustituya ha de tomarse más en serio la situación de la Marina Civil y para ello es insoslayable contar con los profesionales de la Marina Civil (Capitanes, Jefes de Máquinas y Oficiales Radioelectrónicos). El reparto generoso de dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos nunca será suficiente para reparar los daños de una catástrofe como la del Prestige.