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Los sondeos sísmicos en el Golfo de León afectarán a casi 40 especies pesqueras prioritarias

Los sondeos sísmicos en el Golfo de León afectarán a casi 40 especies pesqueras prioritarias

Áreas de puesta de atún rojo y caladeros como la anchoa de L’Escala y la langosta de Fornells se verían perjudicados
El estudio de impacto ambiental de SeaBird incumple la normativa vigente y su análisis de los hábitats y especies presentes en la zona carece de rigor

Oceana ha detectado numerosos errores y deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de exploración sísmica que pretende llevar a cabo SeaBird para la búsqueda de hidrocarburos en el Golfo de León. El proyecto se sitúa en pleno corredor migratorio de cetáceos, en un área en la que existen 39 especies consideradas prioritarias para la pesca en el Mediterráneo.

El área es importante para especies como el pez espada, el atún rojo, la sardina, la anchoa, la merluza, la gamba roja y la langosta, que presentan épocas sensibles en el periodo que SeaBird pretende realizar sus trabajos. Además de estas, Oceana ha detectado hasta 39 especies pesqueras prioritarias en el marco de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la FAO.

“Los pescadores de anchoa de l’Escala y la langosta de Menorca, por citar algunos de los ejemplos más emblemáticos, se verían seriamente afectados,” indica Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana en Europa. “Sin embargo, en el EIA no se hace ninguna estimación de las pérdidas económicas que podría tener para el sector pesquero la realización de estos trabajos. Tampoco se indica que el área de los sondeos se solapa con zonas de concentración de juveniles de atún rojo y pez espada, dos especies clave en el Mediterráneo.”


En la zona del proyecto, Oceana ha calculado la presencia de casi 200 especies amenazadas, incluyendo la presencia durante todo el año de cetáceos. Estos animales son muy sensibles a los ruidos porque dependen del oído para su supervivencia, y el proyecto de SeaBird afectaría de lleno al corredor de migración del Mediterráneo, esencial para el rorcual común. Los sondeos sísmicos afectarán también a una zona al norte de Menorca en la que cría el cachalote, un mamífero tan sensible que se han comprobado el efecto de ruidos hasta a 370 kilómetros de distancia del foco emisor. Se estima que en el área tan solo quedan unos 400 ejemplares de esta especie, considerada en peligro de extinción al igual que el rorcual común.

Al impacto sobre hábitats y especies marinos hay que añadir que el proyecto no cumple con la normativa vigente española de evaluación de impacto ambiental, ya que se refiere a la normativa de 2008[1], en lugar de la actualmente en vigor de 2013[2]. Tampoco se ha puesto a información pública ni contempla la consulta a otros países afectados, como es el caso de Francia, a pesar de que el propio proyecto indica que afectará a aguas de este país. Además, en el análisis de la alternativa cero, o de no realización del proyecto, no se indican aspectos ambientales, como el peligro que representaría para el cumplimiento de normativas como la Directiva marco sobre la estrategia marina o la Directiva Hábitats.

“Los errores detectados por Oceana son suficientemente graves como para que se emita una Declaración de Impacto Ambiental Negativa, impidiendo inmediatamente la realización de este proyecto”, concluye Ricardo Aguilar, director de Investigación de Oceana en Europa. “Es inadmisible la falta de rigor mostrada por SeaBird, teniendo en cuenta que se está poniendo en peligro a centenares de especies, de las que casi 200 están protegidas o amenazadas, y hábitats de gran importancia ecológica”.

Oceana también solicita que se aclare si SeaBird ha sido responsable de realizar prospecciones sísmicas en la zona, ante la polémica surgida a partir de un informe de la Direcció General de Medi Rural i Marí del Govern Balear, firmado el 24 de julio de 2013, que atribuyó a SeaBird los sonidos de “airguns” detectados los días 16 y 17 de abril del año 2013. Si esta práctica no ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes se trataría de una actividad ilegal.