El Tribunal Supremo, a punto de abrir alta mar al delito y la impunidad

El Tribunal Supremo ha aceptado esta semana admitir a trámite el recurso de Oceana, representada por el letrado Jose Antonio Infiesta del bufete ISLAW, en el que requería la nulidad de su fallo a favor de Vidal Armadores. Como dio a conocer El confidencial, el Supremo decidió en diciembre archivar el caso contra Vidal Armadores, procesados por la Audiencia Nacional por casi una década de pesca pirata de la lucrativa merluza austral en aguas de la Antártida. Vidal Armadores –la compañía y las personas detrás de ella– estaban siendo investigados por delito medioambiental, blanqueo de capitales, falsedad documental y crimen organizado.

Para colmo, la decisión del Tribunal Supremo no se limitaba a pasar por alto los delitos pesqueros, sino que puede aplicarse a todos los delitos cometidos por ciudadanos españoles en alta mar, con escasas excepciones como terrorismo o narcotráfico. Así, y según uno de los magistrados, que emitió un voto particular, “esto supondría que actos como acribillar a disparos desde un barco en alta mar a náufragos que luchan por no ahogarse (…), desde un barco sin pabellón, sería ajeno a la jurisdicción española aunque los autores sean españoles, residan en España y desembarquen en territorio español”.

“No podíamos creernos el fallo del Tribunal Supremo; nos negábamos a aceptar que España decidiera permitir el delito en alta mar. No podíamos creer que los tribunales decidieran echar por tierra la labor pionera del Gobierno en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Permitir estas operaciones es una vergüenza para España y un escándalo internacional”, afirma Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana en Europa. “Oceana no lo acepta. Pedimos al Tribunal Supremo que reconsidere su postura y nos escuche, cosa que se nos ha denegado en el fallo actual”.

Oceana lleva una década haciendo campaña contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada cometida por ciudadanos españoles en alta mar. La organización aplaudió los avances pioneros del Gobierno español en las operaciones Sparrow I, Sparrow II y Yuyus, que concluyeron con sanciones récord de 17 millones de euros contra el grupo empresarial de Vidal Armadores.