El Ministerio de Medio Ambiente ignora la Ley de Costas al abandonar la expropiación del hotel de El Algarrobico
20 junio 2009 12:09:49
Los peores pronósticos sobre la credibilidad de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en materia de protección del litoral se confirman: el Gobierno ha dictado una resolución en la que abandona la expropiación del hotel de El Algarrobico hasta que no se resuelva la cuestión judicial sobre la posible nulidad. Greenpeace considera que esta decisión supone un grave retroceso en la defensa del litoral.
"No tiene sentido que el Gobierno defienda públicamente la protección de la costa con derribos en otros puntos del litoral mientras que este macro hotel construido a 14 metros de la ribera del mar y en pleno Parque Natural sigue en pie", ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace España.
El hotel de El Algarrobico acumula doce pronunciamientos judiciales en su contra. Asimismo, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar está paralizado por la justicia debido a las graves afecciones que este hotel ilegal supone para el medio ambiente.
"Con esta decisión el Gobierno ha decidido tirar la toalla y con ella la credibilidad en sus argumentos de sostenibilidad y defensa de la costa", ha añadido López de Uralde.
Tras la sentencia del pasado mes de septiembre, por la que el Juzgado número 2 de Almería declaraba nula la licencia de obras del hotel, el Ministerio de Medio Ambiente encargó un informe a la Abogacía del Estado para analizar cómo afectaba la sentencia al proceso de expropiación. Greenpeace denunció públicamente en febrero las intenciones del Ministerio de Medio Ambiente, que hoy se hacen realidad, cubriendo simbólicamente el hotel ilegal.
Sin ningún argumento jurídico de peso se abandona el proceso de expropiación bajo la excusa de un posible detrimento de los fondos públicos. Greenpeace considera que las administraciones públicas que dejaron construir el hotel deberían haber pensado entonces en las consecuencias económicas para las arcas del Estado.