Una flota de diez unidades vigilará los fondeos sobre posidonia en Baleares

Esta patrulla exclusiva entrará en funcionamiento el próximo mes de junio, una vez formalizado el contrato con la empresa ganadora del concurso y mientras continúa en proceso de participación el proyecto de decreto de protección de la posidonia que la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha dado a conocer esta semana.

Este borrador centra precisamente parte importante de su contenido en la regulación de los fondeos y las sanciones a las que se exponen los infractores. No obstante, las limitaciones en materia de recursos han sido siempre un handicap que ha atenazado a las distintas administraciones de Medio Ambiente y ha impedido un control efectivo sobre las praderas de posidonia. Sabedores de que sin medios para lograr ese control efectivo el decreto de protección es papel mojado, desde la conselleria ya abordan los últimos flecos para la puesta en funcionamiento de un equipo de vigilancia cuya única y exclusiva competencia será la salvaguarda de la posidonia, un caso inédito en la historia de las islas.

Una vez se active el servicio, las diez embarcaciones de vigilancia estarán operando hasta el mes de octubre. Seis de ellas estarán navegando entre Ibiza y Formentera, otras tres cubrirán Mallorca y, por último, una única embarcación se dedicará al norte de Menorca. Por lo que respecta a las embarcaciones de Mallorca, éstas se repartirán en tres zonas: Bahía de Pollença y media Bahía de Alcúdia, la otra media Bahía de Alcúdia (hasta el Llevant) y Es Trenc.

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En cualquier caso, la tripulación no tendrá competencias sancionadoras, ya que su única competencia será la de vigilar posibles infracciones; en caso de detectar un fondeo ilegal darán aviso a los agentes competentes en sanciones, sean agentes de Medio Ambiente o bien de la Guardia Civil. Asimismo conjugarán esta labor de control con una tarea divulgativa consistente en el reparto de trípticos informativos entre navegantes.

Miquel Mir, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, asegura que a la hora de elaborar el nuevo decreto desde el principio se trabajó con plena consciencia de los evidentes problemas para una vigilancia efectiva de los fondeos. Un hecho que se ha venido traduciendo en una impunidad poco menos que absoluta entre patrones que, por otra parte y en el caso de que llegaran a ser sancionados, acababan eludiendo el pago de la multa merced a una administración sobrepasada la mayor parte de las veces, sobre todo cuando se trata de barcos con matrículas extranjeras. La propia conselleria reconocía que en este último caso los infractores se encuentran fuera de las bases de datos personales nacionales, lo que imposibilita la ejecución del cobro.

Eso es algo que tiene que cambiar, subraya Mir, para quien la creación del nuevo dispositivo de vigilancia «es una cuestión de convicción, de creer en lo que estamos haciendo». De esta manera, «el decreto no será más que el primer paso: hemos de seguir trabajando en otras cuestiones como la de las sanciones, por ejemplo, para conseguir que éstas sean efectivas». Y aligerar la burocracia es tarea indispensable. «La idea», resalta Mir, «es encontrar mecanismos para acelerar los procesos sancionadores y que sea más ágil, que podamos sancionar a cualquier infractor aunque viva en Alemania».

El decreto ha sido muy aplaudido por las asociaciones ecologistas, que en cualquier caso, destacan aspectos mejorables del mismo, como la exoneración cuando la pradera afectada no fuera visible (Terraferida). En este sentido, Mir reconoce concordancia de miras con la conselleria, que ya se había planteado la conveniencia de elaborar una cartografía específica a incluir en las cartas náuticas como demandan los ecologistas.

Por lo que respecta a las labores de vigilancia, desde el GOB alaban la iniciativa aunque puntualizan que lo preferible sería destinar a esas tareas a agentes con capacidad sancionadora. Según Toni Muñoz, responsable de Biodiversidad del GOB, «está muy bien como herramienta informativa y de control pero no será suficiente», ya que «hace falta la dotación de personal propio con competencia sancionadora». Además, señala, a la hora de imponer sanciones será «muy difícil valorar» si los daños causados han sido obra de una embarcación concreta.