Océana estudia acciones legales por incumplimiento de la directiva habitats
Hoy expira el plazo que la Directiva establece para redactar los planes de gestión de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) mediterráneos
El coste de la no aplicación de las Directivas y los Planes de Acción para la conservación de la naturaleza se aproximan a 50.000 millones de €/año
Oceana ha advertido al Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potočnik, de que no dudará en tomar las acciones legales oportunas para asegurar que la Directiva Hábitats se cumpla. Hoy expira el plazo para la declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en el Mediterráneo y los últimos datos disponibles hacen temer un incumplimiento masivo. En julio, Oceana solicitó información actualizada a las autoridades nacionales de Francia, Italia, Grecia y España, pero la respuesta ha sido el silencio administrativo.
La Directiva Hábitats establece la creación de la Red Natura 2000, que engloba las áreas protegidas europeas. En el momento de su declaración, estas son Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y se convierten en ZEC cuando ya disponen de planes de gestión y, por tanto, quedan protegidas de forma efectiva. Según los últimos datos publicados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) en abril de 2012, de los 703 LIC mediterráneos con componente marino, solo 4 se habían confirmado como ZEC.
“El éxito de la Red Natura 2000 recae en gran medida en su adecuada gestión, ya que con ella se garantiza la conservación de los valores naturales en Europa”, explica Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana Europa. “Sin una gestión adecuada, nos enfrentamos a especies y hábitats desprotegidos, principalmente en el caso de las zonas marinas que aún están insuficientemente representadas en la Red”.
Según un informe realizado para la Comisión Europea, se ha estimado que el coste de la no aplicación de las dos Directivas de conservación de la naturaleza (Hábitats y Aves) y los Planes de Acción para conservar la biodiversidad se aproxima a los 50.000 millones de €/año. Estos costes están principalmente relacionados con la pérdida de biodiversidad asociada, por ejemplo, a casos de sobreexplotación de recursos pesqueros o presencia de especies invasoras.
Dada la jurisprudencia que sentaron los ZEC de las Islas Canarias, caso por el que el Reino de España fue condenado por el Tribunal de Justicia Europeo (Caso C-90/10), los Estados Miembros son conscientes de la exposición a ser juzgados, ya que no han establecido sus prioridades conforme los artículos 4 y 6 de la Directiva. Particularmente grave es el caso de España, que sería reincidente en el incumplimiento del articulado de la Directiva.
El claro desequilibrio que existe entre la superficie de la Red Natura marina y terrestre (7,5% y 92,5% respectivamente), hace que la situación sea alarmante para la conservación de los mares de Europa, ya que la superficie marina de la Red Natura es sólo una séptima parte del total de la superficie protegida. En el caso del Mediterráneo, la Red Natura marina apenas contribuye con un 1% a la protección de este mar, frente al 10% mínimo que requieren los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.