Greenpeace pide a la Audiencia Nacional que investigue a una empresa española por pesca ilegal

Greenpeace ha presentado esta mañana ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional pruebas de las actividades pesqueras ilegales de la empresa Vidal Armadores, S.A. La organización ecologista pide al organismo judicial una investigación completa, tanto de la empresa como de los ciudadanos españoles involucrados, capitanes y patrones de los barcos. Además, solicita que se indague sobre la asignación de 3,6 millones de euros de fondos públicos a esta compañía (1), a pesar de su conocido historial de piratería.

La organización internacional presentará hoy sus investigaciones dentro de la reunión anual de Comité de Pesca de la FAO que se está celebrando esta semana en Roma.

Uno de los casos mejor documentados en la denuncia de Greenpeace es el del buque de bandera namibia Paloma V. En abril de 2008, inspectores de Nueva Zelanda demostraron en Auckland que este pesquero estaba controlado por Vidal Armadores SA. desde su centro de operaciones en Ribeira, Galicia. Según los datos de la inspección, el Paloma V estuvo involucrado en trasbordos ilegales (2) y formaba parte de una red de barcos dedicados a la pesca ilegal, que incluiría a barcos de bandera española pertenecientes a Vidal Armadores, el Belma y el Galaecia. Como resultado de la inspección, el Paloma V entró a formar parte de la lista negra de buques de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos (CCAMLR en sus siglas inglesas).

"España se ha convertido en la bandera de conveniencia de uno de los más famosos agentes de barcos ilegales en el mundo, Vidal Armadores, S.A. Gracias a los buques abanderados en España, esta compañía ha conseguido jugosas subvenciones del Gobierno español y, posiblemente, blanquear sus capturas ilegales", ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.

Vidal Armadores es uno de los operadores piratas mejor conocidos en todo el mundo. Se sabe que opera al menos con tres barcos que actualmente se encuentran en la lista negra de CCAMLR, dos de los cuales fueron ya incluidos en los años 2003 y 2004. Además, el administrador de la empresa, Antonio Vidal Pego, fue condenado en 2006 por la justicia estadounidense al declararse culpable de pesca ilegal y de obstrucción a la justicia. Frente a una petición de 35 años de cárcel y una multa de 250.000 dólares, Vidal Pego se declaró culpable. Fue puesto en libertad condicional por un periodo de cuatro años, tras pagar una multa de 400.000 dólares y comprometerse a abandonar toda participación directa o indirecta en la industria del bacalao de profundidad durante ese mismo periodo de tiempo.

Otro de los casos recogidos, el del buque Black Moon, muestra el modus operandi de este tipo de barcos pesqueros piratas. En los últimos siete años, la embarcación ha tenido siete nombres diferentes: Dorita; Magnus; Eolo; Red Moon; Black Moon; Ina Maka y Galaxy, y cuatro banderas: Uruguay; San Vicente y las Granadinas; Guinea Ecuatorial y Corea del Norte. De esta forma, los barcos escapan a cualquier control. En un documento enviado por el Gobierno de Sudáfrica a todos los miembros de la comisión de pesca de la Antártida en 2007 se describe como el Black Moon, controlado por Vidal Armadores, estuvo entre el 11 de enero y el 24 de abril de 2006 involucrado en, al menos, ocho operaciones de pesca conjuntas con otros barcos, siete de los cuales están incluidos en la lista negra de buques de CCAMLR, algo completamente ilegal.

A pesar de estas conductas ilegales denunciadas por varios países, España concedió subvenciones a Vidal Armadores, S.A. por más de 3,6 millones de euros entre 2003 y 2005. En total, 2,6 millones de euros se destinaron a "pesca experimental" en el mismo área, la Antártida, donde sus barcos habían sido condenados por actividades ilegales.

Tras las quejas emitidas por los miembros de CCAMLR por el comportamiento de los barcos de Vidal, la única respuesta del Gobierno español fue trasladar al Galaecia, el buque que había realizado las dos "campañas experimentales" subvencionadas con fondos públicos en la Antártida, al océano Índico, concediéndole licencias de pesca en 2006 y 2007. Nunca emprendió acciones legales contra la empresa. Es más, el Gobierno ha continuado apoyando a esta empresa: el Ministerio de Pesca firmó en 2008 un acuerdo con Namibia para que el barco español Belma, propiedad de Vidal Armadores, tuviera acceso al banco pesquero namibio durante todo el año.

"Es imposible entender que el Gobierno español negocie un acuerdo de pesca en nombre de una compañía que figura como armadora de tres barcos piratas. Estamos cansados de oír hablar de las pretendidas prioridades dadas por España a la lucha contra la pesca ilegal mientras, al mismo tiempo, se ponen millones de euros en los bolsillos de una empresa conocida internacionalmente por sus actividades ilegales", ha añadido Caballero.

Para Greenpeace estos hechos demuestran claramente que es necesaria una profunda investigación por parte de la justicia y la necesidad de acabar con los agujeros legales que estos operadores utilizan para evitar los controles, tales como el trasbordo en alta mar para no declarar la pesca en puerto y el reabanderamiento de los barcos pesqueros. Para ello, la asociación ecologista pide:

- la aprobación inmediata de un acuerdo sobre controles en los puertos;
- el establecimiento de un registro mundial de buques pesqueros;
- hacer frente de manera urgente al excesivo tamaño de la flota pesquera, una de las causas del aumento de los elevados índices de pesca ilegal en todo el mundo, que en 2008, supusieron entre un 11 y un 20% de las capturas mundiales totales.